Preguntas de la Constitución en los exámenes de 2007

El artículo 53.2 CE dispone que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo segundo «ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional». La opción D reproduce ese doble cauce. Fallan la A (no hay un procedimiento específico ordinario solo en sede de amparo), la B (no existe una «jurisdicción especial» para estos derechos) y la C (el amparo no es la vía exclusiva, sino subsidiaria).

Artículo: 53.2 · Título I. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

Según el artículo 137 CE, «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan», y todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La opción C es la única que recoge las tres entidades. Las Diputaciones son el órgano de gobierno de la provincia (art. 141.2 CE), no una entidad territorial distinta, y las «regiones» no figuran como nivel de organización territorial en el artículo 137.

Artículo: 137 · Título VIII. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

El artículo 124.2 CE establece que el Ministerio Fiscal «ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad». La opción C lo transcribe literalmente. La A niega la dependencia jerárquica, la B introduce una inexistente «impunidad» y la D subordina la legalidad e imparcialidad a las órdenes del Fiscal Jefe de Sala, cuando la Constitución exige su respeto «en todo caso».

Artículo: 124.2 · Título VI. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

El artículo 54 CE configura al Defensor del Pueblo como «alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título». Su elección corresponde, por tanto, a las dos Cámaras que integran las Cortes Generales (Congreso y Senado), opción C. Ni el Rey ni el Gobierno intervienen en su designación.

Artículo: 54 · Título I. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

La CE solo dice que es designado por las Cortes Generales; el procedimiento concreto (elección por 3/5 del Congreso y ratificación por la misma mayoría del Senado, mandato de cinco años) está en el art. 2 de la LO 3/1981, del Defensor del Pueblo.

El artículo 25.2 CE establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliéndola «gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria». La opción D recoge exactamente esos tres límites. La A niega cualquier limitación, la B omite el sentido de la pena y la C añade las normas de régimen interior de los establecimientos, que la Constitución no menciona.

Artículo: 25.2 · Título I. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

El artículo 148.2 CE dispone: «Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149». La respuesta correcta es, por tanto, cinco años (opción D); los plazos de 3, 4 y 6 años no aparecen en el precepto.

Artículo: 148.2 · Título VIII. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

El artículo 53.1 CE señala que los derechos y libertades reconocidos «en el Capítulo segundo del presente Título» vinculan a todos los poderes públicos y que «sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades». La reserva de ley alcanza, pues, a los derechos y libertades del Capítulo II del Título I (arts. 14 a 38), opción A. Fallan la B y la C por extenderla a todos los derechos constitucionales o de todo el Título I (los principios rectores del Capítulo III tienen otro régimen, art. 53.3) y la D por limitarla a los artículos 14 a 29, dejando fuera la Sección segunda (arts. 30 a 38).

Artículo: 53.1 · Título I. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

La Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.5.ª CE, por lo que no puede ser asumida por las Comunidades Autónomas (opción D). En cambio, el artículo 148.1 CE incluye entre las materias asumibles por las Comunidades Autónomas «la gestión en materia de protección del medio ambiente» (9.ª), «los montes y aprovechamientos forestales» (8.ª) y la «asistencia social» (20.ª).

Artículos: 148.1, 149.1.5ª · Título VIII. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.

En el cuestionario original la opción B aparece como «B Montes y aprovechamientos forestales» (errata con la letra repetida); se ha suprimido la letra. Las CCAA pueden gestionar medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia en virtud de sus Estatutos, pero la materia en sí es exclusiva del Estado (art. 149.1.5.ª).

El artículo 122.3 CE dispone que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2), «estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años». La opción D es la única que recoge al Presidente del Tribunal Supremo y a los veinte vocales nombrados por el Rey. Fallan las demás porque atribuyen el nombramiento al Parlamento, reducen el número a 12 (que son los vocales de procedencia judicial) o sitúan al frente al Presidente de la Sala Segunda.

Artículo: 122.3 · Título VI. Respuesta según la plantilla oficial definitiva.